Existe un estrecho vínculo entre disponer de un lugar apropiado y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar; por eso la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana.
La ruta al desarrollo del país pasa por atender las carencias de vivienda de miles de familias guatemaltecas. Si bien el acceso a una vivienda digna, segura y saludable es un derecho humano, en Guatemala miles de familias habitan viviendas en malas condiciones o no tienen un lugar adecuado donde vivir.
Cada año, lejos de reducir el déficit habitacional, este crece constantemente dejando una deuda social muy grande y compleja de ser atendida. Sumado a ello, poco se han gestionado mecanismos de financiamiento para aumentar el acceso a vivienda para las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Por ello, el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), instancia consultora y asesora del ente rector en vivienda, integrado por 52 organizaciones, inició desde el año 2018 un proceso de actualización que finalizó recientemente con 20 estrategias consensuadas para desarrollar una política de vivienda efectiva y eficiente hasta el año 2032.
La ruta al desarrollo del país pasa por atender las carencias de vivienda de miles de familias guatemaltecas. Si bien el acceso a una vivienda digna, segura y saludable es un derecho humano, en Guatemala miles de familias habitan viviendas en malas condiciones o no tienen un lugar adecuado donde vivir.
Cada año, lejos de reducir el déficit habitacional, este crece constantemente dejando una deuda social muy grande y compleja de ser atendida. Sumado a ello, poco se han gestionado mecanismos de financiamiento para aumentar el acceso a vivienda para las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Por ello, el Consejo Nacional de Vivienda (Conavi), instancia consultora y asesora del ente rector en vivienda, integrado por 52 organizaciones, inició desde el año 2018 un proceso de actualización que finalizó recientemente con 20 estrategias consensuadas para desarrollar una política de vivienda efectiva y eficiente hasta el año 2032.
Eduardo Aguirre, gerente de relaciones institucionales de Cementos Progreso, expresidente del Colegio de Arquitectos de Guatemala y miembro de Conavi, aseguró que esta política puede convertirse en un salvavidas social y económico para Guatemala.
“Después de los acuerdos alcanzados y la actualización de la política de vivienda en Conavi, el reto es implementar las leyes y acuerdos políticos necesarios para iniciar a construir vivienda popular, que es el segmento que históricamente no ha sido atendido en el país”.
Aguirre se refiere a la ley de “Leasing: Alquiler con opción a compra” que en la actualidad se encuentra pendiente de aprobación por artículos y redacción final en el Congreso de la República y la ley de “Interés Preferencial para Facilitar el Acceso a la Vivienda Social”.
Ambas iniciativas son necesarias para implementar el modelo de “Vivienda Social”, que representa las necesidades del 72 por ciento de la población.
“Los proyectos de vivienda social, están orientados para atender las necesidades de la mayoría de la población, que vive en pobreza y pobreza extrema, en los barrancos o sectores marginales y que estas familias puedan tener acceso a una vivienda digna, en condiciones asequibles y de excelente calidad”, indicó Aguirre.
La construcción de viviendas sociales, permitiría, atender a la gran mayoría de la población, y generar empleos directos sostenibles, principalmente en los cascos urbanos a donde en los próximos 15 años, más de siete millones de personas migrarán.
“Es un panorama complejo, pero también, una oportunidad para el país. Esas siete millones de personas migrarán a centros urbanos necesitarán una respuesta del Estado de las empresas privadas para resolver esta problemática social”. enfatizó el experto.
